La audiencia en la que Felipe “El Militar” Sosa fue imputado por el crimen de Érika Antonella Álvarez y sometido a seis meses de prisión preventiva estuvo atravesada no sólo por discusiones técnicas y planteos procesales, sino también por los relatos que permitieron reconstruir cómo habrían sido las últimas horas de la joven de 25 años que fue asesinada a golpes y arrojada a un basural en Manantial Sur.

Durante más de cinco horas se escucharon las posturas, los desacuerdos y las diferentes versiones entre las partes. Pero también se conocieron importantes datos vinculados al asesinato, entre ellos, cómo el nombre de Sosa pasó a ser el del principal sospechoso del crimen. “El Militar” fue mencionado por primera vez en la causa gracias a Milena Álvarez, la hermana de la víctima, quien dio detalles sobre la relación que mantenía la víctima con el imputado.

Según le explicó la mujer a la jefa de la División de Homicidios, Susana Montero, Érika le había contado que se veía con un hombre apodado “El Militar” con frecuencia. Le dijo que se trataba de encuentros espontáneos ya que él solía llamarla para que fuera a su casa, en Yerba Buena. “Recordó que su hermana le dijo que este sujeto manejaba las fiestas electrónicas, que estaba lleno de plata y que estaba involucrado en la distribución de pastillas de éxtasis. Le contó que en las reuniones que realizaba en su casa no participaban muchas personas, pero que había mucha droga y que le había mostrado varias armas que guardaba allí”, indicó el auxiliar de fiscal, Guillermo Giordano.

Rastreo por GPS

Un dato relevante que rescató el investigador del testimonio de Milena fue que la víctima no tenía contratado un paquete de datos móviles en su celular, por lo que sólo se conectaba a WhatsApp o a internet a través de una red de wifi. También relató que Érika en más de una oportunidad le había pedido a su hermana en medio de la noche que le solicitara desde su celular autos de aplicación para ir a las reuniones organizadas por “El Militar”, por lo que tenía guardada su dirección.

Cuando la investigación ya había iniciado, Milena y sus hermanos recordaron que Érika tenía una cuenta de Netflix propia. De los datos del usuario extrajeron su dirección de Gmail y, tras varios intentos, lograron descifrar su contraseña e ingresar a la cuenta de Google que estaba asociada a su teléfono celular (que aún no fue encontrado). “Con la función ‘Encuentra tu teléfono’ localizaron que la última conexión registrada fue el 7 de enero a las 3.12 y notaron que la ubicación coincidía con el domicilio de Sosa”, dijo Giordano.

De inmediato se realizó un rastrillaje cibernético para averiguar mayor información del señalado y solicitaron órdenes de allanamiento para cuatro domicilios vinculados a “El Militar”. En un inmueble ubicado en la calle Santo Domingo al 1.100 los efectivos secuestraron un chaleco balístico, una pistolera, una balanza de precisión, una cartuchera camuflada, 125 cartuchos y un ticket de extracción del Banco Francés por $8 millones del 8 de enero de 2026. También encontraron objetos cubiertos con cinta de embalar negra, similar a la usada en las bolsas del cuerpo de la víctima, y sogas negras.

Cuando se dirigieron a otra de las viviendas, la ex esposa de Sosa manifestó que él ya no vivía allí y dijo que había viajado a Buenos Aires. Al ahondar en la pesquisa, descubrieron que el mismo día que se encontró el cuerpo de Érika, el imputado había comprado una motocicleta de alta gama. Rápidamente se inició un plan en conjunto con la Policía bonaerense e Infantería para capturarlo.

Diferencias

Con todas las evidencias recolectadas, el fiscal de Homicidios de Feria, Carlos Picón, y Giordano acusaron a Felipe Sosa como autor del delito de homicidio simple y solicitaron que fuera sometido a seis meses de prisión preventiva. “Hablamos de un homicidio atroz, que si bien todavía no se acreditó que fuera en un contexto de violencia de género, sí se acreditó una desigual preparación militar. La víctima tenía un extremo carácter de vulnerabilidad”, argumentaron.

El querellante Carlos Garmendia respaldó el pedido del MPF y advirtió que se encuentran ante una causa compleja por lo que es posible que se reformulen los cargos cuando se amplíe la plataforma fáctica.

Los defensores de Sosa, Marcelo Cosiansi, Rubén Flores, Isaías Díaz Romero y Sergio Díaz Juárez, se opusieron a la imputación y al pedido de preventiva. Según su postura, existen otras líneas investigativas que el Ministerio Público Fiscal no habría explorado, como la de una ex pareja de la víctima denunciada por violencia de género, o la que menciona a Carlos “El Paraguayo”, sospechado por narcotráfico. Además cuestionaron el abordaje y la difusión de la causa. “En los últimos días se transformó en algo muy mediático; hicieron un circo con el traslado de Sosa, como si se tratase de un narco mexicano”, afirmaron.

Luego de un cuarto intermedio, el juez Bernardo L’Erario Babot resolvió hacer lugar a los planteos del MPF y dispuso la preventiva por seis meses.